La crisis económica pone a prueba la solvencia de las organizaciones privadas y públicas, incluyendo lógicamente a las Administraciones Públicas. Frente a las dificultades salen a la luz, de forma inesperada, las debilidades antes disimuladas u ocultas. Gobernar y gestionar los intereses públicos constituyen una constante necesaria en toda sociedad, son tareas de las que no es posible dimitir o abdicar por parte de las instituciones: tales funciones han de ejercerse en todo momento, especialmente en circunstancias de riesgo y desconcierto.