El director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Ignacio Murillo, ha anunciado la publicación en los próximos días en el Boletín Oficial de Aragón de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2011, pero no ha avanzado el número de plazas que se van a sacar.
Murillo ha comparecido ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón, a petición del PSOE, para explicar qué estrategia política y qué iniciativas concretas piensa llevar a cabo en relación con los empleados públicos de la comunidad.
El director general ha calificado de "grave" la situación de provisionalidad del personal público y el "notabilísimo" incremento de la interinidad en los últimos años, situación que tiene la intención de solucionar "con rapidez".
Por eso, se va a acelerar el proceso para culminar los procesos pendientes, de 2004, 2007, 2009 y 2010 relativas al personal laboral y de 2007, 2009 y 2010 sobre el personal funcionario, además de publicar de forma inminente la OEP para 2011, en la que se ejecutará la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a las administraciones a ofertar todas las plazas que están cubiertas por interinos.
Dentro de este interés por regularizar y racionalizar el empleo público en la Comunidad aragonesa, Murillo ha reconocido que "por supuesto" que se van a perder algunas plazas de empleo público, pérdida que deriva de la reorganización de la administración autonómica, con menos consejerías ahora, y en la que por tanto se dan "evidentes duplicidades".
Aunque ha mostrado "serias dudas" de que el empleo público esté "bien dimensionado", ha insistido en que la intención, por encima de todo, es no recortar en la prestación de servicios importantes.
De los 8.500 funcionarios que prestan servicio en la administración general de la comunidad, 2.174 son interinos y hay 1.500 en situación provisional, y es necesario regularizar esta situación, pero se convocarán concursos sucesivos, de arriba abajo en los distintos niveles, para evitar solapamientos, al haber funcionarios que tienen reservas de puestos en distintos niveles de los que ocupan en la actualidad.
Otra de las líneas básicas en la que va a trabajar la dirección general es en desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, para lo cual se presentará en breve un anteproyecto de ley en el parlamento.
Y también se culminará en enero de 2012 la implantación en todos los niveles de la administración del Sistema Integrado de Gestión de los Recursos Humanos de Aragón, que ya funciona para los empleados de Educación y Sanidad.
Especial interés tiene Murillo, según ha dicho, en mejorar el acceso de los discapacitados al empleo público puesto que, aunque hace años que se aprobó la ley que regula esta cuestión, se han detectado "importantes carencias", sobre todo para el acceso de personas con más de un 65 por ciento de discapacidad.
La mejora de la transparencia, con la publicación inminente de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de la administración autonómica, obligación que se ha "incumplido sistemáticamente", es otra de sus prioridades, así como impulsar la inspección general de los servicios que se prestan.
En esta línea, se impulsará un plan anual de inspección dentro de la "clara apuesta" por dinamizar la "cultura de la calidad" y no con afán sancionador.
Desde la oposición, PSOE, CHA e IU han coincidido en señalar que la anunciada racionalización del sector público esconde una amortización de plazas, y en esta línea Ana Fernández ha asegurado que los socialistas estarán vigilantes.
Efe



