El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica hoy 9 de diciembre dos leyes por las que se suprimen las instituciones del Defensor del Pueblo de la región y del Consejo Económico y Social (CES) castellano-manchego.
Se trata de las dos primeras leyes aprobadas por el Parlamento castellanomanchego desde que María Dolores de Cospedal ganó las elecciones el pasado 22 de mayo, normas que dan cumplimiento a un compromiso programático de la actual presidenta regional.
El Gobierno castellanomanchego justificó la supresión de ambas instituciones en la austeridad necesaria por la grave situación financiera de la región y cifró en 3 millones de euros al año el dinero que se ahorrará gracias a esta medida.
El Ejecutivo considera que las funciones encomendadas al Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha pueden ser plenamente asumidas a través de otros mecanismos que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos en la toma de decisiones, como el Observatorio Regional de Mercado.
En el caso del Defensor del Pueblo, la ley aprobada sostiene que "en ningún caso supondrá una merma de los derechos de los ciudadanos, por poder estos acudir siempre al Defensor del Pueblo estatal".
Ambas leyes entrarán en vigor a los veinte días de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.